La jueza Preska anuló formalmente la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por YPF

Noticias Argentinas difundió que la jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó formalmente sin efecto la condena de US$16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF y dio por concluida la etapa de primera instancia del proceso judicial iniciado a raíz de la estatización de la petrolera en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión responde al fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, que en marzo revocó la sentencia dictada en 2023 y anuló la obligación de pago que pesaba sobre el Estado argentino. Con la acumulación de intereses, el monto de aquella condena había superado los US$18.000 millones.

La resolución de Preska formaliza lo dispuesto por el tribunal de segunda instancia, aunque el litigio todavía no se encuentra definitivamente cerrado debido a que el fondo Burford Capital presentó un recurso ante la Corte Suprema estadounidense.

En marzo, los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia del magistrado José Cabranes, resolvieron dejar sin efecto la condena al considerar que la sentencia de primera instancia había realizado una interpretación incorrecta de la legislación argentina.

El tribunal sostuvo que las normas que regulan los procesos de expropiación en la Argentina impiden que terceros presenten demandas que interfieran con esos procedimientos. También concluyó que el estatuto de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita reclamar indemnizaciones por daños en los términos planteados por los demandantes.

La instancia ordinaria de apelación quedó agotada en junio, cuando el pleno de la Cámara rechazó un pedido de revisión de la sentencia.

Frente a ese escenario, Burford Capital presentó a principios de octubre un recurso de certiorari ante la Corte Suprema de Estados Unidos, con el objetivo de que el máximo tribunal revise la decisión que favoreció a la Argentina.

El fondo, que financia el litigio iniciado originalmente por los exaccionistas Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park, cuestionó los fundamentos de la Cámara de Apelaciones.

En su presentación judicial, calificó la resolución como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”.

Sin embargo, la presentación del recurso no implica que la Corte Suprema deba intervenir necesariamente. El tribunal tiene facultades para seleccionar los expedientes que acepta revisar y no está obligado a tratar todas las solicitudes que recibe.

De acuerdo con los datos mencionados en el proceso, la Corte estadounidense recibe anualmente entre 7.000 y 8.000 peticiones de revisión, de las cuales suele admitir aproximadamente 80.

Por el momento, no existe un plazo determinado para que los magistrados se pronuncien sobre la admisión del recurso presentado por Burford Capital.

En paralelo, el fondo inició un nuevo reclamo arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.

De esta manera, la anulación formal de la sentencia de Preska representa el cierre de la primera instancia judicial en Nueva York, mientras que la continuidad del litigio en la Justicia estadounidense dependerá de la decisión de la Corte Suprema sobre el recurso presentado por Burford Capital.